El pasado 2 de octubre se publicó en el BOE la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Está ley, según su Exposición de Motivos, constituye uno de los ejes de la reforma del ordenamiento jurídico público, reforma que, según la Exposición de Motivos, se completa con un segundo eje, el cual está constituido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, publicada en el BOE igualmente el pasado 2 de octubre. En este sentido, la Ley 39/2015 deroga (a partir de su entrada en vigor) la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De este modo, las relaciones de la Administración con el administrado (relaciones “ad extra”) quedarán reguladas por lo previsto en la Ley 39/2015 mientras que las relaciones “ad intra” (de organización y funcionamiento interno de cada Administración y relación entre Administraciones) quedarán reguladas por la Ley 40/2015.
Ambas leyes entrarán en vigor al año de su publicación en el BOE. No obstante, se prevén otras fechas de entrada en vigor para determinadas disposiciones de las mismas.