Las inspecciones de la CNMC en instalaciones fotovoltaicas de 2008 pueden afectar a instalaciones que tuvieron reconocido el régimen económico del Real Decreto 661/2007. Las inspecciones sobre instalaciones de producción de energía renovable no son actuaciones excepcionales ni un riesgo meramente teórico. Las memorias y planes oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reflejan numerosas actuaciones de inspección y control sobre instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos que perciben un régimen retributivo específico. Esta actividad evidencia que el control de las instalaciones y de los requisitos que sustentan su retribución continúa siendo una cuestión actual.

Para los titulares de instalaciones antiguas, la posibilidad de recibir un requerimiento de información o una visita de inspección debe contemplarse como una cuestión vigente de cumplimiento regulatorio, y no como un episodio cerrado por el mero transcurso del tiempo. La antigüedad de la instalación añade una dificultad específica. Casi dos décadas después de su puesta en servicio, la información relevante puede encontrarse repartida entre antiguos titulares, promotores, instaladores, empresas mantenedoras, representantes, entidades financieras, distribuidoras y diferentes Administraciones públicas.

La inspección no se limita necesariamente a comprobar que la planta continúa produciendo energía. Puede extenderse a verificar que la realidad física, técnica, administrativa y económica de la instalación se corresponde con la información que sustentó el reconocimiento y que continúa sustentando, en su caso, el régimen retributivo específico. El artículo 30 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, establece que el órgano competente de la Administración General del Estado efectuará inspecciones periódicas y aleatorias a las instalaciones de producción con régimen retributivo específico, con objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento y mantenimiento de ese derecho. Por tanto, una instalación puede seguir siendo objeto de control mientras mantenga el derecho a percibir el régimen retributivo específico, aunque comenzara a operar bajo una normativa anterior.

Una diferencia entre lo efectivamente instalado, lo autorizado, lo inscrito en los registros correspondientes y lo considerado en las liquidaciones puede dar lugar a requerimientos de información o actuaciones de comprobación, aunque la planta haya venido operando y percibiendo su retribución con normalidad durante años. El transcurso del tiempo no convierte automáticamente en irrelevantes las discrepancias históricas. Sin embargo, tampoco significa que cualquier diferencia determine necesariamente la pérdida del régimen retributivo específico, la devolución de cantidades o la imposición de una sanción. Las consecuencias dependerán, entre otros factores, de: la obligación concreta afectada; la normativa aplicable en el momento de producirse los hechos; la relevancia de la discrepancia para el reconocimiento o cálculo de la retribución; las modificaciones posteriores de la instalación; la eventual prescripción de las infracciones o acciones; la existencia de requerimientos o declaraciones anteriores; y la documentación disponible para acreditar la realidad de la instalación.

La colaboración con las actuaciones inspectoras es obligatoria. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, atribuye facultades de inspección a la Administración competente y tipifica la resistencia, obstrucción, excusa o negativa frente a las actuaciones inspectoras acordadas por la Administración o por la CNMC. La eventual imposición de una sanción exige, no obstante, la concurrencia de responsabilidad y la tramitación del correspondiente procedimiento con todas sus garantías.

Colaborar con la inspección no significa remitir de forma precipitada y desordenada todos los archivos disponibles ni aceptar sin análisis cualquier conclusión provisional. La respuesta debe ser completa y veraz, pero también organizada, contextualizada y limitada a la información requerida, sin perjuicio de aportar la documentación adicional que resulte necesaria para explicar correctamente los hechos. Si se levanta un acta, se emite un informe o se formula un requerimiento señalando posibles discrepancias, es importante revisar de inmediato: los hechos consignados; el alcance de las comprobaciones; la metodología utilizada; la documentación examinada; la normativa aplicada; y los plazos concedidos para responder o formular alegaciones.

Las alegaciones deben precisar qué hechos se aceptan, cuáles se discuten y qué documentos o pruebas respaldan cada afirmación. Los efectos de una inspección dependerán de lo efectivamente comprobado y del procedimiento administrativo que, en su caso, se tramite posteriormente. Las actuaciones pueden concluir sin consecuencias adicionales o limitarse a aclaraciones y subsanaciones, pero también pueden dar lugar a regularizaciones o ajustes en las liquidaciones, actuaciones sobre la situación registral o retributiva de la instalación y, cuando concurran los presupuestos legales, a la apertura de un procedimiento sancionador. Ninguna de estas consecuencias debe considerarse automática. En cada caso será necesario analizar la competencia del órgano actuante, la normativa sustantiva y temporalmente aplicable, la prueba disponible, la prescripción y el respeto de las garantías del procedimiento.

GAVELS Abogados asesora a titulares y operadores del sector energético en la preparación y respuesta a inspecciones, en la revisión del cumplimiento regulatorio y en la defensa administrativa y contencioso-administrativa relacionada con instalaciones de producción de energía.

Cada actuación exige un análisis individualizado de la documentación de la instalación, de su evolución técnica y administrativa y del marco normativo aplicable.

Nota: este contenido tiene carácter meramente informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto.